El pasado agosto se cumplieron tres años de la puesta en marcha del Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar proyectado por el Ministerio del Interior para combatir la impunidad con la que los narcos estaban actuando en la zona, con un incremento de la violencia e, incluso, del hostigamiento a las Fuerzas de Seguridad. Unas 25 toneladas de droga al mes, alrededor de 200 detenidos y al menos el «reventón» de una operación a la semana son las cifras que hasta la fecha avalan esta lucha de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en el sur de España. Un empeño incesante.

Junto al plan del Gobierno, la Benemérita activó la operación Carteia para actuar de una forma más global, integrando el trabajo que hacían en las distintas comandancias y, poco a poco, ir incorporando a las diferentes provincias andaluzas en el operativo (están ya todas menos Jaén y Córdoba).

Así, se creó el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) para centralizar e interpretar toda la información y el OCON Sur, un organismo de coordinación para potenciar las investigaciones sobre el terreno.

¿Cómo funcionaban los narcos antes de Carteia? Como explica el comandante en jefe del CRAIN, las organizaciones basaban su actividad «en la eficiencia y economía de medios», con acciones rápidas y el menor coste posible. Para ello, situaban tanto los puntos de botadura de las narcoembarcaciones, como los de carga y los de alijo, a una distancia lo más próxima posible para ahorrar costes de logística, así como tener una menor exposición a las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, la llegada de Carteia fue golpeando a las bandas, con el desmantelamiento de narcoembarcaderos por todo el litoral andaluz y la desarticulación de algunas de las organizaciones más potentes.

«Las organizaciones pensaban que esto duraría poco y que el chaparrón pasaría en unos meses. Fueron rebajando el perfil con el convencimiento de que la presión policial pasaría y ellas volverían a funcionar como antes», resalta el comandante. No fue así, y la Guardia Civil siguió intensificando su labor con un nuevo «aliado»: el real decreto que prohibe el uso privado sin autorización previa de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, las denominadas narcolanchas, lo que permite su decomiso aunque no lleven droga o tabaco cuando son detectadas.

Ante esta presión, los narcos empiezan a cambiar su forma de operar y buscan puntos de botadura y de carga más alejados para eludir el control policial, lo que supone más millas náuticas navegando y, por tanto, necesitan una mayor capacidad logística. De este modo, según este experto, surge otro problema: la aparición de organizaciones criminales dedicadas a abastecer de combustible a los narcos, cuyas embarcaciones tienen que permanecer más tiempo en el agua y precisan de avituallamiento, tanto para las tripulaciones como para las naves.

Crisis sanitaria

La pandemia confinó también a los narcos y paralizó prácticamente su actividad, sobre todo porque las restricciones a la movilidad en España coincidieron con el cierre de Marruecos. Las embarcaciones apenas se movían y el stock de droga se quedó almacenado en el país alauita.

Unos meses en los que los delincuentes acumularon pérdidas que, con el levantamiento del confinamiento, quisieron recuperar en poco tiempo, lo que les llevó a cometer «errores» que les salieron caros. Un ejemplo de ello fue la caída del líder del Clan de los Castañas, Antonio Tejón y, el desmantelamiento de su estructura logística.

Esa operación sirvió, señala el comandante para contener y hacer descender los niveles de actividad de las organizaciones en la zona. Pero estas, siguen explorando nuevas rutas, más alejadas del Campo de Gibraltar, aunque las «locales» continúan operativas.

Son las más potentes las que están aguantando mejor las «embestidas» de las Fuerzas de Seguridad y las que están invirtiendo cada vez más en seguridad.

Así, el comandante resalta cómo en pisos francos alguna organización tenía montados radares marítimos para controlar a las embarcaciones de la Guardia Civil, cómo están utilizando drones para vigilar las zonas de alijo o cómo utilizan sistemas de encriptación para comunicarse entre delincuentes.