Cuando hace diez días el Pleno del Congreso tumbó la ley de amnistía con los votos en contra de Junts, pese a que se había introducido a última hora una modificación para que el terrorismo light cubriera tanto al prófugo Carles Puigdemont como a los CDR, el proyecto fue devuelto a la Comisión de Justicia para que, en un plazo que inicialmente concluye el 21 de febrero, realizara un nuevo dictamen que pueda ser aprobado por todos los partidos que apoyan la iniciativa del Gobierno.
Con la ley de amnistía devuelta a la casilla de salida comenzaba otra carrera a la búsqueda de soluciones imaginativa que pudieran cumplir las expectativas de Junts, sin introducir más innovaciones que pusieran en riesgo la constitucionalidad de la ley y la aprobación de la justicia europea, que ya está prendida con alfileres, al tiempo que no fuera una nueva cesión imposible de justificar por parte del Gobierno y el PSOE.
La primera de las soluciones imaginativas buscada ha resultado ser un toro devuelto a los toriles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó que podría intentarse una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar la instrucción de las causas como hizo el gobierno de Mariano Rajoy y revirtió el propio gobierno de coalición en la primera legislatura porque daba pie a que quedaran impunes delitos de difícil investigación. La propuesta cayó en terreno baldío. A Junts no le convence porque el cambio no interferiría en la investigación que los jueces llevan a cabo sobre sus andanzas, y a Sumar y Podemos por la causa apuntada de que facilitaría la impunidad en delitos de corrupción, que son los más difíciles de investigar.
O sea, que habrá que esperar en los próximos días un nuevo intento de convencer a Junts, que insiste en una "amnistía total" a pesar de que cada día que pasa y en los que pasan muchas cosas, se comprueba que la resistencia de jueces y fiscales a la aplicación de la ley es cada vez mayor y que buscarán resquicios para no aplicarla, que cada día se filtran nuevos informes policiales que tratan de demostrar la relación del expresidente catalán con el Kremlin "para desestabilizar la Unión Europea", que los fiscales del Tribunal Supremo consideran mayoritariamente a Puigdemont autor de un delito de terrorismo, y que el asunto se ha internacionalizado, que el Parlamento Europeo votará sobre la "trama rusa", además de que la Comisión de Venecia se encuentra en nuestro país para analizar in situ la ley de amnistía y emitir un informe solicitado por el Senado, la Cámara donde el PP tiene mayoría absoluta.
Mientras llegan novedades de los negociadores, -en el PSOE se alzan voces para dejar la ley como estaba y que decida Junts que quiere ser de mayor- en el ministerio fiscal se juega otra batalla en la que el Tribunal Supremo será el árbitro con su decisión de aceptar o no el caso de Puigdemont por terrorismo. Si lo acepta con un pronunciamiento en contra de la fiscalía como se prevé, se pedirá a cabeza del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de su segunda, Ángeles García Cortés, que será quien redacte el informe definitivo. Lo curioso es que no se realiza la misma petición para los fiscales que mantienen la posición favorable a acusar a Puigdemont de terrorismo -con evidentes maniobras mediáticas- si el Supremo no asume la causa y se la devuelve al juez Manuel García-Castellón.