En provincias de Castilla-La Mancha como Albacete y Cuenca, hablar del agua es hablar de palabras mayores, es hablar de dinero y de empleo, de miles y  miles de jornales al año en función de la decisión administrativa más acertada.

O de perderlos, según denunciaron ayer en rueda de prensa el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julián Morcillo, y el secretario provincial de la misma organización agraria, Javier Moya.

De acuerdo a las cifras que ambos ofrecieron, solo en el Alto Guadiana -las cifras de la cuenca del Júcar, que también comparten ambas provincias, van  aparte- tener 2.500 expedientes de riego paralizados en la Confederación Hidrográfica desde 2008 le ha costado a cada explotación afectada entre 60 y 70 jornales, por expediente y año, lo que equivale a haber perdido cerca de un millón de jornales desde el inicio de la crisis económica, en comarcas donde las alternativas al campo oscilan entre muy pocas o ninguna.

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