«Un avance histórico para Castilla-La Mancha». Con esta frase sintetizó ayer la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, el gran acuerdo en materia de la nueva planificación hidrológica al que llegó el pasado miércoles el Ministerio de Agricultura, que se fraguó con cinco comunidades autónomas: Valencia, Murcia, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha. La consejera informó ayer al Consejo de Gobierno de los pormenores de este acuerdo, y posteriormente lo hizo en la rueda de prensa habitual para trasladar los acuerdos adoptados por el Gobierno regional.

García de la Calzada comenzó diciendo que el miércoles fue el día de la «escenificación de ese gran acuerdo», y ayer se trataba de informar de los extremos del mismo, destacando ese avance con respecto a la satisfacción de las necesidades de Castilla-La Mancha en relación con la cuenca del Tajo.

La titular de Fomento hizo especial hincapié, en primer lugar, en la relevancia de que la reserva estratégica en cabecera, que actualmente está establecida en 240 hectómetros cúbicos, se eleve a 400 hm3 tal y como contemplaba el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, y lo haga «en una norma con rango de ley». De este modo, recalcó que este es uno de los puntales y uno de los grandes beneficios del acuerdo para Castilla-La Mancha, reforzándose por tanto «la garantía» para esta región, de manera que por debajo de esta reserva no puede haber ningún trasvase. Incidió García de la Calzada en que de esta manera quedan «garantizadas con el máximo rol normativo, con valor de rango de ley, las necesidades de nuestra región en materia hídrica».

Además, añadió que también quedan garantizadas las necesidades presentes y futuras, pues el crecimiento de esta comunidad tendrá también su reflejo en la eventual elevación de la curva de reserva.

Por otro lado, la consejera destacó que el acuerdo del agua también da prioridad a las obras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional «que permitan a Castilla-La Mancha el uso de la infraestructura del ATS (Acueducto Tajo Segura)», como la Llanura manchega o la segunda fase de sustitución de bombeos en La Mancha oriental.

certidumbre y transparencia. García de la Calzada quiso poner en valor que este acuerdo introduce dos elementos que, a su juicio, son fundamentales para una adecuada gestión del uso del agua, como es la certidumbre, la seguridad jurídica y la transparencia. En este sentido, explicó que uno de los puntos que ha provocado más conflictos en relación con la gestión de la cuenca del Tajo y del trasvase Tajo-Segura es que las decisiones eran administrativas y políticas pero no había una norma jurídica, de manera que ahora sí habrá certidumbre porque todos los ciudadanos conocerán cuáles son los trasvases, cuánto se trasvasa y dónde va el agua trasvasada.

En la misma línea, afirmó que el acuerdo también eleva a rango de ley la transparencia y la información, otro de los aspectos que generaba conflictos en materia de agua. «Ahora se garantiza el principio de la transparencia y de la información, de manera que vamos a conocer todos cómo se gestionan los embalses para nuestras necesidades y exactamente que uso se va a dar al agua», reiteró.

Por último, la consejera afirmó que este gran acuerdo es «reflejo de una muy buena gestión» que ha permitido la «unidad» en una materia en la que solo existían conflictos territoriales y crispación. «Aquí ha primado el sentido de Estado, que en materia de agua se traduce en acabar con mitos, con confrontaciones artificiosas que estaban basadas en ‘como no soluciono los problemas, le echo la culpa a otro territorio’».