Entre fábricas cerradas y recortes de servicios en centros comerciales y edificios públicos, el sector de la vigilancia privada ha perdido un 20% de empleos en los últimos años. Si hace unos años todos los huertos solares tenían vigilancia humana, ahora los dueños de las placas de silicio se conforman con las cámaras y en los institutos de secundaria la Consejería de Educación decidió este curso suprimir la presencia de estas patrullas.

Son sólo dos de los recortes que evidencian la situación por la que atraviesa este sector para el que se abren nuevas perspectivas con la nueva Ley de Seguridad Privada, que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados.

Unos 700 vigilantes trabajan a día de hoy en la provincia de Albacete, según las estimaciones que hace el subinspector jefe de la Policía Nacional, Sebastián Sotos, que lleva ya doce años al frente de la Unidad Provincial de Seguridad Privada y que estima que la contratación de este personal ha tocado fondo, «menos vigilantes ya no puede haber», apostilla.  

La Policía Nacional tiene en los vigilantes jurados unos aliados, «son buenos colaboradores», dice Sotos, que lamenta su supresión en determinados lugares, por ejemplo los centros educativos. Su simple presencia disuade a más de un delincuente, y en caso de que se produzca un robo o un conflicto siempre están ahí para alertar con celeridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

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