El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, manifestó ayer que los servicios jurídicos trabajan en estos momentos para que el Memorándum Tajo-Segura adquiera rango de ley «y en ver que otros aspectos, sin embargo, no tienen que tener esa regulación a tan alto nivel porque puedan ser modificables más fácilmente».
Pero, subrayó, las preocupaciones fundamentales y factores que preocupan a los regantes «están consolidados en una norma que les garantice la máxima estabilidad».
En la pedanía La Campana en Lorca (Murcia), donde el ministro presentó las obras para el desarrollo de nuevas infraestructuras de distribución de agua desalada, procedente de la planta de Águilas hasta el Valle del Alto Guadalentín, Arias Cañete recordó que el Memorándum es un acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Regantes «y por lo tanto tiene unos compromisos firmes que tendrán su encaje normativo en normas de distinto rango».
«Puede haber normas, prosiguió su explicación, que tengan que tener una regulación a nivel de ley y que por su naturaleza tenga que tener un desarrollo reglamental». En este momento, acentuó el ministro, «estamos analizando cuál es la mejor forma jurídica».
Al hilo indicó, a preguntas de los medios, que el Memorándum es bueno porque está «muy dialogado y pactado» y ha sido el eje fundamental para sacar a exposición pública el Plan del Tajo, por lo tanto, «ahí ha habido un esfuerzo de consenso, de búsqueda de compromisos para garantizar las preocupaciones naturales de los regantes, que quieren tener la seguridad de que van a tener abastecimiento de agua y también de otras cuencas, de las excedentes».
Arias Cañete destacó, en este sentido, el esfuerzo «de conciliación y concordia» muy importante, en su opinión, y que «va a permitir el funcionamiento normal del trasvase Tajo-Segura, con garantía de seguridad jurídica, que no existía anteriormente, y estabilidad».
«Siempre que se hace planificación hidrológica hay preocupación porque el agua es muy necesaria», apostilló Arias Cañete, tras indicar que «si el Partido Socialista fue incapaz en el año 2009 de cerrar los planes hidrológicos es porque requieren mucho diálogo, consenso y negociación, y nosotros hemos dedicado muchas horas de diálogo a poder buscar el consenso básico, que se recogió en un Memorándum».
Y ahí, resaltó, «las aspiraciones de las comunidades de regantes, de las comunidades autónomas y la lógica preocupación del Gobierno de España de equilibrar las cuencas, se han plasmado en un documento; ahora estamos viendo como ese documento de intenciones se plasman en textos normativos».
Una vez que estos textos normativos estén encima de la mesa habrá una mayor tranquilidad «y las aguas volverán a su cauce», pero, señaló, la planificación hidrológica en España «no es fácil».