El sindicato CSI-F ha puesto el acento recientemente sobre las agresiones verbales y también físicas que sufren muchos trabajadores de la Administración, en ámbitos donde la violencia es más habitual, como pueda ser el de los centros penitenciarios, pero también en otros donde los funcionarios trabajan de cara al público y se encuentran con situaciones conflictivas o de tensión, haciendo necesaria la presencia de agentes de seguridad. Ese es el caso de las oficinas de Empleo. Desde CSI-F Albacete, las noticias que se tienen apuntan a numerosos episodios donde los trabajadores reciben insultos, amenazas, hasta el punto de que ya se dio el caso de que en la oficina de la calle Nuestra Señora de Cubas hubo que dar aviso a agentes de Policía Nacional para calmar a un usuario.
Quien lo contaba a este diario es Alejandro Loreto, responsable del sector de Administración del Estado en CSI-F Albacete, indicando que la percepción de las plantillas es que hay más episodios de tensión y agresividad: «Recibimos continuamente quejas de los funcionarios de las oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPE), tanto de las oficinas de Albacete como de las de toda provincia, por falta de educación, tensión y agresividad verbal por parte de muchos usuarios».
SIN CASOS GRAVES. Loreto indicó que hasta la fecha «no ha desembocado en situaciones más graves», también gracias a la intervención en la mayoría de los casos de los vigilantes privados de seguridad. El representante de CSI-F recordaba el caso de la oficina de Cubas en la capital, donde sí hizo falta «la personación inmediata y profesional de los miembros de la Policía Nacional». No hubo agresión física, pero sí amenazas «de un usuario al que se le retiraba la prestación, pero no estaba nada conforme». Datos de CSI-F dicen que un 76,6% de los trabajadores del SEPE han sufrido agresiones verbales (insultos, amenazas, gritos), y un 2,8% también agresiones físicas.
Con esta situación, con muchas personas en desempleo y unos trámites que a veces son complejos para los usuarios, el sindicato señala que es necesario que la Administración tenga condiciones de seguridad y tome medidas: «Estos actos violentos contra empleados públicos se pueden evitar si la Administración nos dota de protocolos eficaces de prevención de agresiones», y por supuesto «no recortando en seguridad de las oficinas, ya sea seguridad pública o privada». CSI-F reclama por supuesto cualquier agresión a un empleado en el ejercicio de sus funciones debe tener «la consideración de atentado», y abogan en definitiva por «la dignificación del trabajo ejemplar que realizan los empleados públicos».
El sindicato hacía este llamamiento también a escala nacional, donde el recuento de episodios violentos en el último año apunta a medio millar de agresiones. Ninguna de esas situaciones violentas se dieron en territorio albacetense durante 2015, según explicaba el representante de CSI-F, repasando los datos de los organismos dependientes de la Administración General del Estado. Dichos organismos incluyen la Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, el SEPE, Delegación de Hacienda, Catastro y Agencia Tributaria, Instituto Nacional de Estadística, Oficina de Extranjería, Oficina de expedición del DNI, Subdelegación de Gobierno, Subdelegación de Defensa y la cárcel.