Los asuntos de Familia en los juzgados albacetense han sido objeto de un ambicioso estudio que ayer presentado al presidente del Tribunal Superior de Justicia por sus promotores. El informe analiza las sentencias emitidas entre 2009 y 2013 por los juzgados respecto a la guarda y custodia de menores, y la coincidencia con los informes periciales pedidos a los equipos técnicos. El informe tiene dos conclusiones claras: la petición de informes de parte del juez antes de decidir este tipo de medidas se ha cuadruplicado, pasando de 33 en 2009 a 129 en el último año estudiado; la segunda conclusión es que hay una «elevada coincidencia» entre lo que dice el informe pericial y el pronunciamiento del juez.
Se trata de un estudio «pionero» en Castilla-La Mancha que se va a completar con los datos de 2014 y 2015, según informó el Tribunal Superior de Justicia. El documento lleva por título Valoración y coincidencia del informe pericial con las sentencias judiciales en materia de Guardia y Custodia y Sistemas de Comunicación en los Juzgados de la provincia de Albacete (2009 -2013), ha contado con la coordinación del psicólogo del Instituto de Medicina Legal Francisco Javier Molina Clemente y la psicóloga de la Oficina de Atención a las Víctimas de Albacete, Isabel Hinarejos Gómez, y en él han participado un grupo de psicólogos colegiados del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.
El estudio dice que las solicitudes de informes periciales «se refieren en la mayoría de los casos a la determinación de si el padre o la madre dispone de mejor idoneidad para tener la Guarda y Custodia del menor» y cuál es el sistema de comunicación más apropiado para el padre o la madre que no disponga de la custodia. Los datos ilustran que cada vez hay más casos donde la custodia se establece compartida o para el padre, aunque la custodia para la madre sigue siendo mayoritaria.
<b>MÁS DE UN 15%.</b> Los datos de 2013 dicen que se aconsejó la custodia del hijo o hijos al padre en un 15,5% de los informes, aunque sólo hubo siete sentencias en ese año donde se dio la custodia al padre. También hubo nueve informes donde la opción más aconsejada por los profesionales era la custodia compartida. Los casos donde se aconsejaba la custodia para la madre fueron cerca de un centenar, aunque el estudio concluye que «la adjudicación de custodias compartidas va a ir en aumento en los años siguientes».
El estudio indica que las familias que ponen fin a la convivencia de los progenitores han vivido una evolución donde la crisis económica también ha jugado su papel.
<b>LOS EFECTOS.</b> Esa crisis en los últimos años «motiva que muchos progenitores varones dispongan de más tiempo al encontrarse en situación de paro laboral, que conlleva en una disminución en los ingresos económicos». Además en ese momento «perciben que pueden y quieren ocuparse e involucrarse en mayor medida en el día a día de sus hijos».
Decidir sobre lo mejor para los hijos es algo que requiere un tiempo a los profesionales que hacen los informes periciales. El estudio analiza el tiempo de respuesta, señalando que «los tiempos de entrega se han ido reduciendo desde los cinco o seis meses hasta los dos o tres», aunque en función de la complejidad del caso recabar la información puede llevar un tiempo mayor.
<b>SIN REFUERZOS.</b> El estudio de los expertos hace señalar que «el aumento de las solicitudes de informes periciales no ha sido acompañado por un aumento de profesionales para dar una mejor calidad y rapidez en la respuesta de la que se proporciona en la actualidad». Aún así, el estudio dice que se va alcanzando el objetivo de «dar una respuesta lo más profesional posible y ajustada a las premuras del tiempo». El mismo Defensor del Pueblo se interesó el pasado otoño por la falta de profesionales en los equipos psicosociales que prestan su trabajo en los juzgados y tribunales de la región. La institución reclamaba entonces información detallada al Ministerio de Justicia sobre la situación, indicando que «la escasez de estos profesionales en los citados órganos judiciales, fundamentalmente en la jurisdicción Penal y de Familia, al parecer, está teniendo una incidencia negativa en la duración de los procedimientos pendientes».