El Juzgado de Instrucción número 1 de Villarrobledo ha admitido a trámite la querella presentada por el Ayuntamiento en la que se imputaba a dos concejales del anterior equipo de gobierno del PSOE «la comisión de hasta seis posibles delitos tipificados en el código penal con relación a la ejecución del proyecto del Centro de Interpretación Bodega de Ventas de Alcolea que tuvo un coste de 230.000 euros siendo financiado con fondos públicos del Plan E».
Así lo explicó la primer teniente de alcalde y concejal de Economía, Amalia Gutiérrez, que recordó que el pasado 29 de diciembre se presentaba al Juzgado la querella contra los que fueron concejales socialistas de Medio Ambiente, Juan Luis Iñiguez, y de Obras, Urbanismo y Economía, Juan Bautista Torrente, así como contra los representantes de las empresas que trabajaron en el proyecto.
Indicó que, «la admisión a trámite de la querella viene a poner de manifiesto que el Juzgado -en base a la información y pruebas que se le facilitaron en la querella-presume la posible existencia de seis delitos tipificados en el código penal tales como falsificación de documentos públicos, prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y delito de intrusismo».
Dijo que «en primer lugar la juez ha admitido a trámite la querella presentada y después ha acordado incoar diligencias previas y también dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal».
Añadió que «ante esta resolución judicial sobre la mesa hay dos concejales socialistas imputados por la comisión de seis delitos diferentes, uno de ellos miembro de la lista del PSOE a las elecciones».
Manifestó que «en la comisión de investigación creada al efecto las personas que declararon señalaron como responsable político del proyecto al concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Iñiguez».
Reclama «al ex alcalde y actual senador socialista, Pedro Antonio Ruiz, que dé una explicación a los vecinos de lo que sucedió con 230.000 euros de dinero público invertidos en este proyecto como máximo responsable político del mandato del PSOE», un partido político que «tiene ya tres concejales imputados, Juan Luis Iñiguez y Juan Bautista Torrente por este caso, y Antonio Arribas, por el posible desvío de dinero público del Viña Rock». «Son tres de nueve, el primero número cinco de la lista del PSOE a las elecciones municipales cumpliendo así con las premisas del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de no llevar imputados en las listas» ironizó.
amaño. Del análisis de la comisión de investigación se desprende que «una de las primeras irregularidades detectadas fue encontrarse la falsificación de las firmas del arquitecto que ha llegado a declarar ante notario y el secretario general del Ayuntamiento que de las 26 firmas que aparecen en el proyecto solamente una es suya».
Gutiérrez se preguntó «quién falsificó las firmas y con qué objetivos y me parece aún más que curioso que tres días antes de adjudicar y encargar a la empresa el proyecto estuviera ya hecho y presentado en el Ayuntamiento. De confirmarse podríamos estar hablando de un amaño entre el equipo de gobierno socialista y la empresa».