La Consejería de Fomento prepara un decreto para dar un respiro a los inquilinos de las viviendas sociales propiedad de la Junta de Comunidades que tengan problemas económicos. En concreto, se propone la posibilidad de pagar a plazos (hasta en cinco años) el alquiler de los próximos doce meses, e incluso, si fuera necesario, suspender durante un tiempo los pagos.

Este proyecto de decreto, que aún debe pasar por el Consejo Regional de la Vivienda, tendría una vigencia de dos años y a priori beneficiaría a las 1.500 familias que a día de hoy tienen mensualidades pendientes con la Junta.

La consejera de Fomento, Marta García, explicó que se determinarán criterios objetivos para cribar las razones de los impagos, es decir, para ver quién puede y quién no puede pagar. En concreto, esta ayuda extraordinaria se dirigirá a los colectivos más vulnerables y a aquellas familias cuyos ingresos familiares no superen dos veces la renta mensual de la vivienda o dos veces el Iprem (el antiguo Salario Mínimo Inteprofesional). Además, el arrendatario no podrá tener en propiedad ningún bien inmueble de un valor superior a los 20.000 euros y tendrá que acreditar la residencia habitual en la vivienda, a través de empadronamiento y los correspondientes recibos de consumo (luz, agua, teléfono...).

Ponerse al día.

Por contra, los inquilinos de la Junta con impagos reiterados y que no cumplan estos requisitos tendrán que o bien «ponerse al día en los pagos, o bien abandonar «de inmediato» la vivienda, advirtió García.

Este decreto se complementará con una reforma en la legislación sobre vivienda pública para permitir la cesión de estos inmuebles sociales de la Junta a entidades sin ánimo de lucro. «Queremos avanzar un camino para poder poner a disposición de entidades sin ánimo de lucro viviendas para que sean destinadas a ciudadanos en exclusión social. Esto no se permitía antes, y este proyecto de decreto incluye esa modificación legal», destacó la consejera.

En definitiva, el fin de este decreto será el de ayudar a las familias con problemas económicos y darles «tranquilidad» durante dos años, concluyó.

Desde la oposición, el secretario general del PSOE, Emiliano García-Page, calificó estas medidas de «muy elementales» e insistió en que el Gobierno regional tiene competencia para poder hacer más cosas en el ámbito de la vivienda pública.