El Ministerio de Hacienda ha ampliado hasta un total de 23 municipios de la provincia la llamada ‘amnistía catastral’, un procedimiento de regularización que trata de poner al día las bases de datos del Catastro de tal forma que quienes tengan una vivienda, inmueble o parcela sin inscribir o hayan hecho reformas sin haberlas declarado puedan hacerlo por el módico precio de 60 euros y evitan ser sancionados con multas que pueden llegar a ser cuantiosas.
Abengibre, Ayna y Valdeganga fueron los primeros municipios cuyos vecinos fueron invitados a normalizar la inscripción de sus propiedades. Si bien podían hacerlo por iniciativa propia, el Catastro puso a trabajar a sus técnicos, tomando fotografías aéreas, también de las fachadas y desplazando a estas localidades a su personal para que comprobasen in situ si lo que figuraba en sus registros coincidía o no con la realidad.
En estos tres municipios la inspección se cerró en junio. En Hacienda aún no están en disposición de ofrecer datos acerca de los inmuebles omitidos que se han hecho aflorar con este mecanismo. Aunque han sido numerosos los propietarios requeridos por el Catastro, «a bastantes personas les ha llegado una notificación», indicó Felicidad Alberola, alcaldesa de Abengibre, si bien la regidora local especificó que en la mayoría de los casos las alteraciones detectadas son mínimas, «un aseo hecho en un corral, una cocinilla... son cosas así, no grandes irregularidades», detalló la regidora.
A los propietarios donde se detecta alguna alteración no registrada se les da un plazo de 15 días para formular alegaciones y una vez resuelta la cuestión, los nuevos datos se incorporan al registro catastral surtiendo efecto desde el día siguiente. El valor catastral es un dato que tiene su importancia porque en base a esta cuantía, que no coincide ni mucho menos con el valor del mercado, se calculan impuestos como el IBI, la plusvalía o se tributa en el IRPF.
En su empeño por reducir el fraude fiscal, el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha extendido este procedimiento de regulación a otros 20 municipios de la provincia. En marzo, la Gerencia Territorial del Catastro incorporó a Jorquera, Ossa de Montiel y Riópar y al mes siguiente incluyó a Alatoz, Barrax, Bienservida, Bogarra, Bonete, Casas-Ibáñez, Elche de la Sierra, Férez, Lezuza, Masegoso, Motilleja, Munera, Nerpio, Ontur, Paterna del Madera, La Recueja y Viveros.
El mecanismo en todos estos pueblos es el mismo. Sus vecinos tienen seis meses, es decir, el plazo expira el 30 de octubre para unos y un mes más tarde para los demás, para pagar los 60 euros y regularizar su inscripción catastral si es que no la tienen al día.
Algunos quisieron ver en este procedimiento, regulado por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, una especie de ‘amnistía catastral’ al considerar que 60 euros era una módica cantidad para quien lleva años sin pagar los impuestos debidos, entre ellos el IBI, ya que lo normal es que las reformas de los inmuebles conlleven un aumento de su valor.
Sin embargo, en el Ministerio de Hacienda no quieren ni oír hablar del término amnístía e insisten en que se trata de un procedimiento de regulación que se extenderá al mayor número de municipios posibles de aquí hasta el año 2016 que es cuando finaliza. Lo cierto es que quienes se acojan a este procedimiento ya no podrán ser multados por no haber cumplido con su obligación de declarar de forma correcta las características de sus inmuebles, infracción que está castigada con multas que oscilan entre los 60 y los 6.000 euros.