Allá por el año 2000 dio comienzo  no sólo un nuevo milenio, sino también uno de los procesos más complicados que la capital tenía que acometer: la regularización de las urbanizaciones albaceteñas. La idea era ordenar y adaptar a la normativa las miles y miles de construcciones repartidas por el término municipal albaceteño y que se encuentran diseminadas en pequeños núcleos habitacionales destinados, en la mayor parte de las ocasiones, a segunda vivienda, pero también en bastantes casos, a vivienda habitual.

Sin embargo, 12 años más tarde, el proceso se intenta revitalizar, después de haberse casi paralizado en los últimos años. En el camino se han enquistado casos  de forma sólida, como ha ocurrido con la urbanización Los Prados, donde sus propietarios se han puesto en pie de guerra con el Ayuntamiento y con Urvial -que es desde donde se lleva a cabo este proceso-  por lo que consideran que son unos costes inasumibles por oficializar sus chalets. Al igual que ocurre en la capital, en estos núcleos se debe seguir el mismo modus operandi:  hay que ceder un 10% de suelo al Consistorio por urbanizar, pero, como se ha ocupado prácticamente el terreno, no tienen de dónde y tampoco dinero para hacer frente a esa obligación de forma económica.

UNA TREINTENA. Los datos con los que cuenta Urbanismo en el Ayuntamiento constatan la existencia de más de una treintena de urbanizaciones, de las que hasta la fecha sólo se ha conseguido normalizar pocas de ellas: Miralcampo y Campoalegre, que cuentan incluso con asociación de vecinos inmersa en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), como un barrio más de la capital, además de las ya legalizadas Huerta de Monroy, El Plantío, la Urbanización Centro, El Trigal Aguacampada-Las Culebras, Villalcampo, Residencial Vereda, La Florida y Los Chopos, la mayor parte de ellas, ubicadas en el Cordel de Balazote.

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