Gutiérrez: «Las pistas de pádel se pagaron al triple de su coste»

Teresa Jiménez
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La edil del PP de Villarrobledo recordó que a la inauguración asistió Gaspar Zarrías, exconsejero de la Junta de Andalucía, imputado con Griñán y Chávez en el caso de los ERE fraudulentos

«La guardería municipal del barrio de Socuéllamos se ha cerrado por no contar con el número de niños suficientes para mantener el edificio abierto», según  la primer teniente Amalia Gutiérrez, que ha criticado duramente «las acusaciones que vienen realizando los socialistas dejando entrever que se cierra porque al alcalde no le gusta este barrio,  cuando al que parece que no le  gusta este barrio era al anterior alcalde socialista Pedro Antonio Ruiz, que construyó una pista de pádel con un importe de 66.000 euros  muy superior al  real en torno a los 20.000 euros por pista».

        Según la edil del Partido Popular, «los vecinos de Villarrobledo han  pagado por la pista de pádel el triple del precio marcado por cada una de ellas  gracias a la gestión de Pedro Antonio Ruiz Santos, que asignó a su amigo y secretario general del PSOE de Pedro Muñoz la obra mediante una adjudicación irregular».

        La pista de pádel está situada en la zona polideportiva del barrio Socuéllamos y fue construida con Fondos de Inversión Local (FEIL).

A Villarrobledo con el FEIL se invirtieron siete millones y medio  de euros para realizar 40 proyectos. Las inauguración de  las obras en diciembre de 2010 de la pista de pádel y  la de la nueva biblioteca en el antiguo silo del trigo del trigo denominada, Silo del Conocimiento,  corrió a cargo del ex consejero de la comunidad andaluza Gaspar Zarrias,-entonces secretario de Estado de la Cooperación Territorial-  actualmente imputado en el escándalo de los ERE  fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía que ha entrado en su fase crucial.

         Por otro lado, Amalia Gutiérrez alude  a otras inversiones que, a su juicio,  «deberían haber llegado al barrio Socuéllamos procedentes del Viña-Rock concretamente un cinco por ciento  de los beneficios del festival que la empresa valenciana que lo organizaba jamás dio al Ayuntamiento ni al barrio y el que fuera alcalde, Pedro Antonio Ruiz Santos  nunca reclamó a la empresa de Valencia que organizaba el evento».

        Finalmente, reprocha a «el reparto de panfletos a los vecinos por parte de los concejales socialistas y trabajadores municipales entre ellos el director de la Universidad Popular que cobra de las arcas un salario con categoría A sin contar con la titulación exigida» y comunica que «el inmueble del CAI pasará a ser  Oficina de Empleo tras un  acuerdo con la Junta para ahorrar a las arcas cerca de 20.000 euros anuales en el alquiler y gastos que paga el  Consistorio».