La ocupación ilegal de viviendas está siendo uno de los protagonistas de este 2020, pero hay quien duda de que realmente esté creciendo tanto este delito como para llenar páginas de periódicos y minutos de radios y televisiones. El fiscal superior de Castilla-la Mancha, José Martínez, ha confirmado esta mañana que por los asuntos que llegan a los juzgados sí se puede decir que está en aumento. En 2019 creció un 20%, pero apunta que parece que está yendo a más este año. “Por lo que me transmiten los fiscales jefes provinciales, especialmente de Toledo y Guadalajara, el número de asuntos por usurpación ha crecido extraordinariamente en los últimos meses”, apuntó.
Martínez ha hecho esta valoración justo antes de entrar a la Comisión regional sobre la Ocupación Ilegal de Inmuebles que acaba de crear la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha. El fiscal superior reconoce que el número de ocupaciones ilegales dista mucho del volumen de otro tipo de delitos como robos y hurtos, que al año pueden suponer más de 20.000 denuncias. Pero también avisa de que hay muchas ocupaciones que no llegan a los juzgados porque no se denuncian. Es lo que se denominan “cifras negras” de la delincuencia.
“La realidad española es que las cifras negras de criminalidad, de aquellos casos que no se denuncian es elevada”, apunta, “quizá esa cifra negra sea más elevada en este caso concreto”. Aunque barrunta que eso pueda estar ocurriendo con las ocupaciones, insiste en que es este porcentaje alto de delitos no denunciados es muy de España. “Los censos de delitos que no se denuncian son muy altos”, apunta.
¿Y a qué se debe? Martínez indica que esos problemas se detectan sobre todo en aquellos lugares en los que “el crecimiento urbanístico ha sido desbordado” y que quedó paralizado por la crisis. Estima que el hecho de que no se denuncien las ocupaciones “puede deberse a falta de interés de propietarios, incluso a la falta de conocimiento de una situación que se está produciendo”. Por eso insiste en la importancia de “actuar en el terreno, con las fuerzas policiales, incluida la policía local”.
Martínez también confirma que en Castilla-La Mancha operan bandas criminales en este ámbito de la ocupación ilegal y se refiere como ejemplo a una vinculada a Brasil en la zona de Guadalajara. Pero matiza que no es mayoritario. “No me parece que sea ahora mismo una realidad en Castilla-La Mancha realmente preocupante la actuación de bandas organizadas en este terreno, aunque existen”, comenta.