La Plataforma Blanca de Albacete de Afectados de Afinsa se opone a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid, que se hizo pública ayer y que condena a los administradores de la filatélica a cubrir el déficit patrimonial de la quiebra, asegurando que hubo una «incorrecta contabilización de las cantidades entregadas por los clientes y que hubo una sobrevaloración de los sellos».
Así lo afirmaba ayer la vicepresidenta de la plataforma, Fina Arce, quien manifestaba que «lo que está ocurriendo es algo surrealista, consideramos que lo que están haciendo los juzgados es librar al Estado de pagar a los afectados por un error que cometieron, al realizar una intervención que fue una auténtica barbaridad y que fue a todas luces ilegal».
Y es que están convencidos de que quien tiene que devolver el dinero a los ahorradores es el Estado y no los administradores de Afinsa. «Nosotros tenemos claro que se trata de una intervención política, por lo que queremos que el Estado sea quien se haga cargo de devolvernos nuestro dinero».
Según hacía público ayer el Consejo General del Poder Judicial, el Juzgado de lo Mercantil 6 ha calificado como culpable el incidente concursal de Afinsa Bienes Tangibles S.A., y ha declarado como personas afectadas por esta calificación a Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo Escribá y Vicente Martín Peña, que quedan inhabilitados por espacio de quince años, desde la firmeza de la resolución, para administrar bienes ajenos, representar o administrar a cualquier persona, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales.
Devolución. El juez les condena a la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o contra la masa y les obliga a devolver los bienes y derechos que hayan obtenido indebidamente del patrimonio.
Además, condena a Cano Cuevas, a Carlos de Figueiredo Escribá y a Martín Peña a que paguen mancomunadamente, a los acreedores concursales y contra la masa, en concepto de déficit patrimonial, cada uno de ellos el 33,333% de la cantidad que se precise para satisfacer el total de los créditos concursales y contra la masa que no resulten satisfechos con ocasión de la liquidación de la masa activa, lo que se valora prudencialmente en 1.823.521.966,74 euros.
Para la Plataforma Blanca esta sentencia es contraria al dictamen de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. «La Audiencia Nacional dice y lo ha ratificado el Supremo, que la actividad de la empresa era mercantil y ahora el Juzgado de lo Mercantil dice que la actividad que realizaba Afinsa no era mercantil sino financiera, con lo cual lo que han hecho es cambiar el sistema contable, lo que da una situación de insolvencia».
Por todo ello, Arce cree que esta sentencia «no nos beneficia para nuestra petición de responsabilidad patrimonial contra el Estado». Por eso, la condena a los directivos puede alejar a los 5.000 ahorradores albacetenses de la recuperación de su dinero, ya que lo más probable es que los administradores no tengan capital para devolver todo el dinero invertido.